ISAGEN patrimonio esfumado de Colombia

Isagén es la segunda generadora del país y la única con capacidad de evitar un apagón nacional, escenario que no puede descartarse dada la inclemencia del Fenómeno de El Niño, que tiene a las hidroeléctricas en sus niveles más bajos en los últimos años.

 

La empresa fue creada en 1995, luego de que el país padeciera el rigor del tristemente célebre “apagón de Gaviria”. Isagén transfiere a la Nación -por vía de repartición de utilidades- más de 200.000 millones de pesos anuales, tiene influencia en cuatro departamentos del país y es dueña de más de 23.000 hectáreas de bosques naturales y espejos de agua, cuyo valor también está por establecerse. Isagén era, pues, la verdadera joya de la corona.

 

Pero el Gobierno –contra la oposición del 90 por ciento de los colombianos– la vendió a la multinacional canadiense Brookfield Asset Management (BAM), por un precio de 6,48 billones de pesos, dinero que sería invertido en mejorar la infraestructura nacional y en la construcción de vías de Cuarta Generación (4G).

 

Aunque el presidente Santos y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, consideran que vender la participación que tenía el Estado en la empresa (57,6 por ciento) en 6,48 billones de pesos es un buen negocio, la verdad es que –como negocio– es mucho más malo que bueno. Un solo ejemplo sirve para poner las cifras en sus justas proporciones: el gobierno de Santos se ha gastado en publicidad y eventos promocionales de la negociación con las Farc en La Habana más de 2 billones de pesos, es decir casi la mitad de lo que pagó  Brookfield por Isagén.

 

Para decirlo en plata blanca: Santos ha invertido en propaganda y publicidad casi la mitad de los recursos que él considera que servirán para construir miles de kilómetros en vías y puentes que le permitirán a Colombia alcanzar los niveles de infraestructura que hoy tienen otros países, como Chile o Brasil. ¿Quién garantiza que los recursos que recibirá por la venta de Isagén no serán utilizados como plata de bolsillo para seguir vendiéndonos a los colombianos las bondades de la negociación con las Farc en La Habana?

 

Pero, además, Isagén tiene un valor estratégico para el país, que no es un asunto menor, puesto que se trata de dejar en manos de particulares la soberanía energética nacional, en momentos en que el sector eléctrico atraviesa la peor crisis en los últimos años. Ello para no hablar de un eventual detrimento patrimonial de la Nación, al vender la empresa por un valor que estaría muy por debajo de su precio real, como lo anunció el procurador, Alejandro Ordóñez.

 

De manera que son muchas las preguntas sin respuestas en el caso de la venta de la participación del Gobierno en Isagén, empezando porque ni siquiera hubo subasta, puesto que la chilena Colbún –la única que quedaba, luego del retiro de la firma francesa Engie- también se marginó del negocio, dejando el camino expedito para Brookfield.

 

Al no haber puja, Isagén se vendió por el precio que había sido fijado con anterioridad (6,48 billones de pesos) y no por encima de este, como había anunciado previamente el ministro Cárdenas. ¿Por qué razón el Gobierno decidió vender Isagén en condiciones aparentemente desventajosas y sin una subasta, que hubiese permitido vender la empresa a un precio mayor? ¿Por qué la premura en vender?

 

La venta de Isagén tendrá, pues, consecuencias políticas para el Gobierno, que tienen que ver no solo con la suerte del plebiscito por la paz, sino con el futuro de posibles candidatos presidenciales de 2018, empezando por el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.